Mujeres del resguardo siona en Colombia reclaman por contaminación del agua, ocasionada por una empresa británica, generando graves problemas de salud a su comunidad. Fotografía: Mateo Barriga/Amazon Frontlines

Artículo original de The Guardian disponible aquí. Texto original en Inglés: David Hill.

En la segunda parte de nuestra serie, el pueblo indígena siona reclama que su salud está siendo afectada por supuesta contaminación de río.

María Isaura Cuaran, una mujer indígena siona, nos muestra un sarpullido en el cuello. Es apenas visible, pero está ahí. Mientras se descubre el hombro izquierdo de su camisa turquesa y collar de cuentas, Cuaran nos habla de “la compañía” y de cómo, según ella, ha afectado al río local.

“Problemas de estómago, tos, fiebre, vómito, diarrea, ronchas, pequeñas manchas, malestar general…”

Sentada al lado de Cuaran está Marleni Piaguaye. Las dos mujeres están igual de agitadas y ansiosas por hablar.

“Más a las mujeres, pero a los hombres también,” dice Cuaran. “Los niños también se han visto afectados.”

Piaguaye lleva una camiseta roja de Londres, con un Big Ben y la bandera británica. Es algo irónico, ya que “la compañía” es de ahí.

Entre ellas, Cuaran y Piraguaye tienen varios hijos. Forman parte de dos familias que viven en el pequeño pueblo de Puerto Silencio, al noreste de un resguardo siona de 4,500 hectáreas (11,100 acres) llamado Buenavista, en lo profundo de la Amazonía colombiana, cerca de la frontera con Ecuador. En términos geográficos, Buenavista es el más grande de los seis resguardos sionas, con aproximadamente 600 habitantes.

Más allá del pueblo se encuentra el río Piñuña Blanco, que fluye hacia el Putamayo, un importante afluente del poderoso Amazonas.

En Puerto Silencio, como en la mayor parte de la Amazonía rural, el río local es la principal fuente de agua – para beber, cocinar, bañarse, nadar, así como lavar ropa y utensilios.

¿Cómo ha cambiado Piñuña Blanco en los últimos años?

“Antes el agua era clara,” dice Piaguaye. “Ahora está sucia.”

¿Y los peces? “Ahora tienen un olor a aceite, como a gasolina. A veces hasta se vuelve visible.”

Piaguaye afirma que todo esto ha afectando gravemente a la salud de los siona, incluso a las partes íntimas de las mujeres. “Entramos al agua y nos empieza a picar el cuerpo. Todo el cuerpo. Aparecen ronchas. ¡Ronchas! Y nuestras zonas vaginales…han empeorado mucho.”

Bañarse y nadar siguen siendo un problema serio. Piaguaye dice que a lo largo de los años, ella y su familia han podido usar otra fuente de agua, aparte del Piñuña Blanco. Pero otras familias, como las de Cuaran, no han sido tan afortunadas.

“Tenemos acceso a un riachuelo donde el agua es cristalina y eso es todo lo que hemos estado usando,” dice Piaguaye. “Bañarme ahí no me afecta. Pero a aquellos que no han tenido otra opción, les va mal porque tienen que usar esa agua sucia.”

Dada la supuesta contaminación, 15 sistemas de colecta de agua de lluvia han sido instalados en el pueblo por dos “ONGs: la Alianza Ceibo, administrada por indígenas en Ecuador, y la internacional Amazon Frontlines.

Tanto Cuaran como Piaguaye, como otros en Puerto Silencio, se mantienen firmes acerca de quién es responsable: la filial colombiana de Amerisur Resources, una compañía a que,nudas. podido usar otruerdo a ciertas fuenteson.damente 2,’s han visto el tubo.n sido tan afortunadas. podido usar otrñía británica que, de acuerdo a varias fuentes, empezó a explotar petróleo con una concesión llamada Platanillo, al oeste del resguardo Buenavista hace una década.

Entre otras cosas, las mujeres alegan que la compañía usaba un tubo para descargar aguas residuales no tratadas – o inadecuadamente tratadas – hacia Río Mansoya, un arroyo que desemboca en el Piñuña Blanco. Dicen que ellas mismas han visto el tubo.

“Pensamos que el río está contaminado porque cuando la compañía llegó, el tubo apuntaba hacia el arroyo,” dice Piaguaye. “No directamente, pero hay un afluente [que pasa por las instalaciones petroleras], el Mansoya, que, a su vez, alimenta a otra corriente que llega hasta el Piñuña Blanco.”

El permiso para desaguar en el Mansoya fue otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia en 2009.

¿Hay alguna evidencia científica para las acusaciones de las mujeres? La autoridad nacional de licencias ambientales de Colombia (ANLA) visitó el punto de descarga autorizado en Mansoya el año pasado y no encontró un “impacto en el agua, suelo o vegetación” observable, notando en un informe que ya no existía infraestructura para descargar, que Amerisur no lo había hecho desde 2012, y que, en su lugar, en 2015, se le había otorgado un permiso para reinyectar aguas residuales en el suelo.

Sin embargo, según los siona, ni se tomaron muestras en los puntos solicitados ni se les envió nunca los resultados de muestras que podrían haberse tomado en otros puntos, a pesar de numerosas solicitudes.

Amerisur, que cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres, niega haber contaminado el Piñuña Blanco, o cualquier otro río, desde que empezó a operar en Platanillo. Entre 2008 y 2013, la compañía solo se deshacía de “aguas tratadas producidas y domésticas” lo que estaba “totalmente autorizado y auditado bajo la licencia ambiental”, dijo un portavoz. “No ha habido evacuación de agua superficial por cinco años, de forma que cualquier reclamo sobre este tema no puede ser cierto. Este tipo de práctica fue reemplazada por una inyección en el subsuelo con licencia en enero de 2014.”

El Piñuña Blanco no es el único cuerpo de agua afectado por Amerisur, según los siona de Buenavista. De acuerdo a un informe emitido en agosto de 2017, tras la visita de numerosas agencias gubernamentales al resguardo, las aguas residuales de Platanillo no habían sido tratadas adecuadamente y habían contaminado humedales, ríos y / o arroyos, incluyendo el Mansoya, Singuiyá y Peneya.

“Estos afluentes desembocan en los ríos Putumayo y Piñuña Blanco, que los siona usan para la limpieza, baño y actividades lúdicas,” según el informe. “Muchos miembros [de Buenavista] dicen que el contacto con el agua en el Putumayo y Piñuña Blanco ha causado síntomas de dermatitis y / o enfermedades de la piel, infecciones del tracto urinario y problemas de visión en niños y adultos.”

Según los siona, la compañía también ha vertido aguas residuales sin tratamiento adecuado directamente en el Putumayo. Dicen que esto ha provocado indignación en Buenavista, así como en La Rosa, un pueblo cercano.

El Ministerio de Medio Ambiente también otorgó permiso para verter aguas residuales en el río Putumayo en 2011.

El portavoz de Buenavista, Mario Erazo Yaiguaje, le mostró a The Guardian el tubo que atraviesa el bosque que supuestamente se usaba con tal finalidad. Una parte ha sido cortada, aparentemente para ser usada como chatarra.

“La compañía siempre descargaba el agua por la noche,” alega Yaiguaje. “Pocas personas suelen viajar [por el río] a esas horas, sobretodo muy temprano en la mañana, y se aprovechaban de esas circunstancias. Nos impactó seriamente. El olor se notaba. Se estaba contaminando el pescado, el agua…”

El presidente del consejo de La Rosa, Gregorio Rosales, dice que también recuerda cómo la compañía vertía el agua residual. “Desde el inicio de las operaciones ya se vertía”, alega. “Incluso en el Putumayo y en el Mansoya. Esto fue permitido por la ANLA. Cuando las personas protestaron, simplemente emitieron una nueva regulación: ahora en lugar de deshacerse de ella, la entierran [reinyectan]”.

Un residente de La Rosa, Beto Alvarado, acompañó a The Guardian, a Yaiguaje y a otro siona a ver el tubo. Él también afirma recordar el vertido de aguas entre 2012 y 2013. “Lo hacían por la noche”, confirma. “Entre las 10pm y las 4am. Se podía oler algo repugnante en el gran río.”

Así como en el Mansoya, la ANLA sostiene que visitó el punto de descarga en el Putumayo el año pasado, y que no encontró evidencia de impacto ambiental. La Agencia reiteró que el permiso de reinyección se había otorgado en 2015, que ya no existía infraestructura alguna para la descarga, y que Amerisur debía desmantelar el tubo ahora fragmentado. La ANLA también afirmó haber viajado desde La Rosa río abajo hasta Buenavista y que tampoco había identificado impactos allí.

Amerisur niega toda acusación de haber también contaminado el Putumayo. “[La compañía] cumple con las regulaciones ambientales que rigen sus operaciones,” dijo un portavoz. “Todos los posibles contaminantes se eliminan por encima de los mínimos requeridos, previo a la descarga de agua tratada, un proceso autorizado por la licencia ambiental.”

“Esto es un estándar tanto legal como de procedimiento en la industria petrolera en Colombia. Desde que Amerisur empezó a operar en el campo de Platanillo no ha habido contaminación del agua. Además, y por iniciativa de Amerisur, la compañía ha invertido en instalaciones de reinyección de agua, un proceso que cuenta con la completa aprobación de las autoridades ambientales.”

Platanillo tiene una extensión de más de 11,100 hectáreas, pero dada la forma en la que fluyen los ríos, el alcance de la zona potencialmente afectada es mucho mayor.

“La situación ha sido explicada a la comunidad de Buenavista durante los procesos de socialización que se han llevado a cabo, no solo por la empresa sino también por las agencias gubernamentales involucradas. Sin embargo, se siguen haciendo reclamos infundados y persistentes, que ignoran tanto los hechos como los resultados obtenidos por las auditorías legales y ambientales realizadas regularmente por la ANLA y Corpoamazonía. “En todas las numerosas auditorías de eliminación de agua que se han llevado a cabo, Amerisur nunca ha sido sancionada,” dijo el portavoz de la compañía.

Así como se exploró en la primera parte de esta serie, en las últimas décadas, los aproximadamente 2,600 sionas se han visto trágicamente envueltos en el conflicto armado de Colombia, junto con la llamada “guerra” de los Estados Unidos contra las drogas y el terrorismo.” Hace diez años, la Corte Constitucional del país los declaró “en peligro de ser exterminados física y culturalmente,” una preocupación que reiteró en junio de 2017.

Aunque la guerra entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (las FARC), terminó oficialmente en 2016 con un histórico acuerdo de paz, tanto en Putumayo, como en otros lugares, el conflicto continúa, aunque de manera ligeramente diferente.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio del año pasado, los paramilitares, los “narco-paramilitares”, las “organizaciones disidentes de las FARC” y los “soldados armados” siguen luchando.

A través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión emitió lo que se conoce como “medidas cautelares” y urgió al gobierno de Colombia tomar “las acciones necesarias para proteger la vida y la integridad personal” de los líderes y de sus familias en Buenavista así como de otro resguardo siona, Santa Cruz de Piñuña Blanco. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida concreta, según declaraciones de los siona y varias organizaciones de la sociedad civil en una audiencia en Bolivia el pasado 12 de febrero.

Buenavista se ha visto arrinconada en una feroz lucha con Amerisur por varios años.

Según su informe anual de 2017, la compañía se convirtió en la operadora de Platanillo en 2008. Es una de las numerosas concesiones en la cuenca del Putumayo en Colombia, donde Amerisur ahora opera o tiene intereses de trabajo.

Algunos temas están en juego. Uno es la propuesta de Amerisur para expandir sus operaciones mediante la exploración de petróleo en una concesión al este de Platanillo, llamada Putumayo-12, que se superpone por completo al resguardo Buenavista, así como a una enorme franja de tierra hacia donde la comunidad está tratando de expandir su territorio bajo un programa gubernamental de restitución de tierras. Este es el tema de la tercera parte de esta serie.

Otro es la supuesta preocupación por el impacto socio-ambiental respecto a un nuevo oleoducto, el Oleoducto Binacional Amerisur, que cruza la frontera hacia Ecuador y que ha llevado a los siona del pueblo de San José de Wisuya, ubicado en la orilla opuesta al Putumayo desde Buenavista, a tomar acciones legales y quejas formales ante el Ministerio de Ambiente de Ecuador y la Defensoría del Pueblo. Una tercera preocupación, como las de Cuaran y Piaguaye, concierne las operaciones en Platanillo.

Ya son varios años que los siona alegan la contaminación del Piñuña Blanco, entre otros ríos, ante la sociedad civil, medios de comunicación y el gobierno. Según Cuaran y Piaguaye, los mismos tipos de afectaciones a la salud reportados a The Guardian fueron transmitidos a representantes del Ministerio de Salud durante una visita extraordinaria a Puerto Silencio en 2017, que desde entonces no ha dado seguimiento.

“Han venido aquí y hemos hablado, pero nos están ignorando,” dice una de las mujeres. “Sí, han venido y han hecho las mismas preguntas que usted, pero hasta ahora [no hemos tenido respuesta]”, dice el otro.

Ricardo Amortegui, el jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud, dijo que se haría cargo del seguimiento a la visita de 2017 y reconoció la “situación difícil” de los siona, como resultado de lo que llamó “contaminación de los ríos por operaciones petroleras e impactos en la salud.”

“Para corregir el origen del problema, es necesario que cese la contaminación,” dijo, “lo que no es responsabilidad de este Ministerio, sino quizás del Ministerio de Energía y Minas, la ANLA o incluso de la Autoridad Ambiental Nacional.”

Los siona en Buenavista insisten que la ANLA, en coordinación con líderes de la comunidad, visite su territorio para “verificar los impactos sociales y ambientales.” En la reunión de Bogotá en diciembre, el personal de la ANLA informó que había visitado Buenavista en 2018 y que “no se habían confirmado las acusaciones hechas por los siona en los puntos identificados,” según un registro de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ese mismo registro cita a un líder siona (o líderes), alegando que la visita de la ANLA de 2018 se había realizado sin su conocimiento ni participación y que no había incluido los puntos que, según ellos, habían sido impactados desde 2012.

La reunión de diciembre concluyó con el personal de la ANLA comprometiéndose a programar, dentro de la primera semana de enero de 2019, una visita a los lugares donde los siona han identificado impacto ambiental, que debería desarrollarse en la primera mitad de 2019. La Defensoría se ha comprometido a coordinar la visita. La ANLA dijo que ésta se programaría para mayo.

La abogada de Buenavista, Lina María Espinosa Villegas, cree que es “fundamental” que la visita se realice.

“La presencia de Amerisur en las áreas que rodean a Buenavista y al territorio ancestral de los siona representa un grave riesgo, tanto para ellos, como para su territorio y fuentes de agua,” dijo Espinosa, que trabaja para Amazon Frontlines. “Aunque las operaciones de la compañía [en la concesión de Platanillo] no están dentro del reguardo, están afectando gravemente a los ecosistemas y al agua, esenciales para los siona”.

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