Esta mañana, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), afectada por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril de 2020, realiza en la ciudad de El Coca una movilización pacífica, con el distanciamiento y las medidas de bioseguridad necesarias pertinentes durante esta emergencia sanitaria.

En medio de los riesgos latentes por esta pandemia global, las comunidades kichwa de la Amazonía afectadas por el derrame de crudo han decidido movilizarse, tras más de 90 días sin respuestas efectivas, sostenidas por parte de las autoridades estatales y las empresas públicas y privadas responsables del mayor desastre socio-ambiental en los últimos 15 años. Esta movilización también busca visibilizar la falta de acceso a la justicia, ya que hace más de un mes se suspendió la audiencia de la acción de protección y medidas cautelares, a través de las cuales se buscan la reparación integral a sus derechos.

Ante esto, rechazamos la actuación de las entidades estatales, incluido el poder judicial, y las empresas Petroecuador Ep y OCP, que en todo este tiempo no han tenido la voluntad política de cumplir con sus responsabilidades con las comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo, que representan a 27.000 indígenas víctimas no sólo de la contaminación, sino también de la inoperancia estatal y de la impunidad de un sistema judicial que no garantiza la tutela efectiva.

Desde las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestro respaldo a las comunidades que enfrentan tanto las afecciones de salud producto de la contaminación, del fuerte brote de dengue y del covid-19, como la falta de alimentos y agua segura y le recordamos al Estado que está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica, aun en tiempos de pandemia.

En este sentido, reiteramos lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 14 de abril de 2020, donde le recomendó al Estado ecuatoriano:

Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

Así mismo, la Corte Constitucional en su dictamen del mes de octubre No. 5-19-EE/19 estableció que “(iv) la Policía Nacional y complementariamente las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales deben respetar, el derecho de los ciudadanos a manifestarse, siempre que lo hagan de forma pacífica, sin alterar el orden público”, y que el dictamen No. 1-20-EE/20 no excluye expresamente el derecho de protesta pacífica.

Adicionalmente, le recordamos al Estado, a la Policía Nacional y a los agentes municipales que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras, artículo 1).

Como Alianza de organizaciones de derechos humanos estaremos vigilantes a que se garantice estos derechos, garantizados en la Constitución de la República, a fin de impedir que se produzcan abusos y violaciones de los derechos humanos de estas personas.

Contacto de Prensa: Yuli Gaona, Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690

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