DENUNCIA PÚBLICA

Bogotá, 29 de mayo de 2019 – Durante la semana anterior, autoridades del Pueblo Siona de Buenavista, acompañadas por la CDDHHPI, CAJAR, CODHES, CCJ y las organizaciones internacionales Amazon Frontlines y CEJIL desarrollamos una nueva gira de incidencia en Bogotá, para denunciar el incumplimiento de los acuerdos establecidos con nuestro pueblo, además de la falta de concertación de las medidas cautelares ordenadas en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger, salvaguardar de manera integral nuestros derechos a la vida e integridad física, cultural y territorial (MC-395-18).

Durante la semana, sostuvimos reuniones con la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad CEV, la Jurisdicción Especial de Paz JEP, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo. En ellas denunciamos una serie de hechos de violencia que se han presentado contra nuestro pueblo, los cuales nos enfrentan nuevamente a condiciones de confinamiento y alto riesgo para nuestra vida e integridad personal.

Denunciamos la desidia de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería para adelantar la primera reunión de concertación de medidas cautelares en nuestro territorio, a pesar de que hace 10 meses la CIDH ordenó esta protección en nuestro favor, para atender a situaciones de amenazas, hostigamientos, minas antipersonas, reclutamiento de jóvenes y restricciones a la movilidad en nuestros territorios. Las excusas recurrentes de Cancillería limitan la adopción de medidas urgentes y necesarias que garanticen que nuestro Pueblo pueda pervivir dignamente en el territorio.

A la fecha, toda intervención estatal ha sido producto de la gestión directa de las autoridades Siona, o en el marco de compromisos previos como por ejemplo, el Convenio de protección colectiva que será firmado entre el Resguardo Siona Buenavista y la UNP.

Desde 2015, las autoridades del Resguardo hemos llamado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior para que asuman un rol activo en la defensa integral de nuestro territorio ancestral, con especial atención a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos como factores subyacentes al conflicto armado interno, y a las constantes presiones a las que seguimos sometidos por parte de la empresa Británica Amerisur Colombia Ltda. La Defensoría del Pueblo facilitó un espacio con dichas instituciones, para hacer seguimiento a las acciones realizadas en el marco de la Medida Cautelar del Juez de Restitución de Tierras, las Mingas de Pensamiento, el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, espacio del que surgen nuevos compromisos cuyo cumplimiento exigiremos.

Las organizaciones nacionales e internacionales que acompañamos al Pueblo Siona del Resguardo Buenavista hacemos un llamado a las instituciones estatales para que asuman con carácter prioritario, urgente, integral y decidido la preservación de la vida del pueblo indígena Siona. De manera particular, llamamos al Ministerio del Interior a que operativice la actualización del Plan de Salvaguarda y la asignación de recursos técnicos y financieros suficientes y específicos para la ejecución inmediata y continuada del mismo.

Igualmente rechazamos de manera contundente, las afirmaciones de un funcionario del Ministerio de Ambiente en la visita quien pretendió deslegitimar las denuncias comunitarias de afectaciones socio ambientales al indagar a las autoridades Siona si tal vez no estaban confundiendo las aguas lluvias con los vertimientos tóxicos de la empresa Amerisur que afectan el río Putumayo y sus afluentes. El conocimiento ancestral que como Pueblos Originarios hemos salvaguardado a través de nuestras prácticas tradicionales, la medicina del Yagé y la memoria de nuestros mayores debe ser respetada por los funcionarios estatales, que olvidan su papel como garantes del ambiente sano, de los derechos territoriales, y de la vida de las comunidades indígenas de la Amazonía Colombiana.

Asimismo, instamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que asuman su rol de garantes; realicen un activo y continúo seguimiento de los compromisos institucionales con el Pueblo Siona de Buenavista, y tomen las medidas disciplinarias contra los funcionarios que han entorpecido los procesos. Solicitamos especial vigilancia al cumplimiento de la Comisión de verificación de afectaciones socio-ambientales, con garantías de imparcialidad en la toma de muestras que ratifiquen los impactos y la contaminación de nuestro territorio.

Nuevamente llamamos al Estado colombiano en su conjunto para que de manera efectiva cumpla los compromisos y garantice la protección inmediata y eficaz de nuestro resguardo, a efectos de evitar el extermino físico y cultural del Pueblo Siona.

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