ALERTA DE DERECHOS HUMANOS

11 de octubre de 2019. Quito, Ecuador – Denunciamos la irregular detención de 19 personas ocurrida el 10 de octubre de 2019, 17 de ellos de nacionalidad venezolana, una cubana y una ecuatoriano, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

Se ha confirmado que 15 de ellos, todos de nacionalidad venezolana, ya recuperaron su libertad sin ningún cargo. Y que sólo 4 detenidos –dos venezolanos, un cubano y un ecuatoriano– han sido acusados por asociación ilícita y, si bien recuperaron su libertad, se les ha fijado medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Apenas sucedió la detención y sin que se haya iniciado ninguna investigación, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en redes sociales afirmó que 17 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, habrían sido detenidos por supuestamente tener en su poder “información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente” del Ecuador. Argumento que ha sido contradicho con lo resuelto por la Unidad Judicial de Flagrancia, en que nadie ha sido acusado por delitos contra la seguridad del Estado y todos están en libertad. Este constituye la producción de falsos positivos y un nuevo caso de detención irregular y aleatorio en que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General del Estado han podido aportar con pruebas sobre su responsabilidad.

Alertamos que estos hechos constituyen un mecanismos de distracción que el gobierno nacional está implementando frente al momento de alta conflictividad y violencia que vive el país. Además, la detención injustificada de extranjeros exacerba la xenofobia, particularmente en contra de población venezolana residente en Ecuador.

Esta detención sucede un día después de las declaraciones hechas por el Vicepresidente, Otto Sonnenholzner que, en su intento de “frenar” un supuesto intento de desestabilización del gobierno afirmó que todo “ciudadano extranjero que se preste para generar caos y violencia, que no cumpla con las leyes del país, no podrá seguir en Ecuador. Sancionaremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones”.

Expresamos nuestra preocupación ante el actual contexto de escalada de violencia y vulneración de derechos por parte de diversas instancias del Estado ecuatoriano. Pese al llamamiento y a los pronunciamientos tanto de organismos regionales y universales de Derechos Humanos, como organizaciones de la sociedad civil, el gobierno ecuatoriano no de señales de buena fe que viabilicen el diálogo nacional con los sectores populares actualmente movilizados, al contrario, sigue poniendo en riesgo el ejercicio de derechos humanos durante el Estado de Excepción, esta vez el derecho a la libertad personal de personas cuya nacionalidad no es la ecuatoriana.

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