Este miércoles 29 de abril de 2020, ​la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas.

La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.

El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.

Debido a la pandemia del COVID-19 y a fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, sin una respuesta estatal adecuada y sin alternativas para conseguir agua ni alimentos.El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.

Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.

INTERVENCIONES:

Andrés Tapia, Dirigente CONFENIAE: ​“El derrame de crudo es muerte para la biodiversidad y la vida. El Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo.La explotación petrolera y otros minerales no son rentables sólo son contaminantes del medio ambiente y lo cual tiene rechazo rotundo del mundo entero. Esta pandemia le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos”.

Lina María Espinosa, Amazon Frontlines, parte del equipo legal de los afectados: “Si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas, una de ellas fue no analizar el fenómeno de erosión regresiva que afectó la cascada de San Rafael, del cual fueron advertidos oportunamente. Su falta de reacción, implica que los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”​.

Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados​: ​“ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.

Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana: ​​“La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.”

Mons. Celmo Lazzari, Obispo de Sucumbíos: “​Para las empresas del petróleo y para el Estado ecuatoriano, el derrame del día 7 de abril, provocó una gran pérdida económica en medio de una crisis más amplia: la del COVID 19. Pero para 35 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana y otras 100 mil que viven en las orillas del Río Coca y Napo, el derrame significa un grave riesgo de vida y, una vez más la naturaleza fue gravemente agredida.​ Pronunciamiento oficial fuera de la Rueda de Prensa.”

Contacto:​ Yuli Gaona, ​Comunicación Alianza por los Derechos Humanos – 0980916690

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