Mario Erazo Yaiguaje, de chaqueta verde, es el portavoz del resguardo Buenavista, una comunidad siona en Colombia, que cuenta con aproximadamente 2,600 habitantes. Fotografía: Mateo Barriga Salazar.

Artículo original de The Guardian disponible aquí. Texto original en Inglés: David Hill.

En la tercera parte de nuestra serie, los siona manifiestan su oposición a cualquier operación en su territorio.

Pablo Maniguaje, un hombre indígena siona, lleva puesta una túnica de manga blanca y un collar de dientes de pecarí. A la derecha, fuera de la vista, se encuentra el río Putumayo, que fluye hacia el Perú, hacia el cauce principal del Amazonas.

Maniguaje habla de su territorio y recalca su importancia para el pueblo siona. “Los árboles, el agua, el aire … Eso es vida para nosotros”, dice. “¿Qué más hay ahí?”

Detrás de él se encuentra la sala de reuniones de la aldea, donde está terminando una reunión. Se ha tratado un solo tema: las propuestas de la filial colombiana de la empresa británica Amerisur Resources para buscar petróleo en sus tierras. Todos los que han hablado se han opuesto ferozmente.

Maniguaje reconoce que no sería la primera vez que una compañía petrolera operaría en territorio siona. Frente a la sala de reuniones hay un puesto de salud, ahora abandonado, que data de la década de los noventas y que fue donado por Ram Petroleum y Grant Geophysical.

“Era otra compañía entonces,” dijo Maniguaje. “Nos dieron el puesto de salud. Abrieron caminos [a través del bosque para realizar pruebas sísmicas].”
Así mismo, parece que lo que más le interesa a Amerisur son las pruebas sísmicas. The Guardian solicitó a la compañía una copia de la evaluación de impacto ambiental de la propuesta de exploración, pero fue denegada por ser de carácter “privado.” Sin embargo, la información presentada a la comunidad de Maniguaje, Buenavista, durante un proceso de “consulta previa” sugiere que Amerisur quiere abrir al menos nueve líneas sísmicas para buscar petróleo.

Pero Buenavista se ha interpuesto de forma efectiva. La concesión de Amerisur, Putumayo-12, tiene una extensión de más de 54.000 hectáreas (133.000 acres). Sobrepasa completamente las 4.500 hectáreas del resguardo Buenavista, así como a la mitad de un área de 52.000 hectáreas que los siona están intentando integrar para expandir su territorio, bajo un programa gubernamental de restitución de tierras.

Según la información presentada en la consulta, cuatro de las líneas sísmicas cruzarían por el norte del resguardo, mientras que otras cinco atravesarían el área de posible expansión.

Maniguaje, un reconocido anciano siona, ha jugado un papel clave en la oposición de Buenavista.

El año pasado viajó con Mario Erazo Yaiguaje, portavoz de la comunidad, a la Cumbre de Acción Climática Mundial en Estados Unidos, y a República Dominicana para una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre las amenazas presentadas por Amerisur. En febrero, estuvo en Bolivia para otra audiencia ante la Comisión.

Al igual que Maniguaje, Erazo ha jugado un papel central en la causa de Buenavista. Para él se trata de “la defensa de nuestra vida y de nuestra existencia como pueblo.”

La población siona es de aproximadamente 2.600 habitantes y fueron declarados en riesgo de “exterminio” hace diez años por la Corte Constitucional de Colombia. Buenavista, con alrededor de 600 habitantes, es el mayor resguardo siona en términos geográficos.

“Nos mantenemos firmes en nuestra oposición a las transnacionales”, dijo Erazo. “Ninguna compañía puede operar en nuestro territorio.”

Durante casi tres años, Buenavista se ha expresado repetida e inequívocamente de esta manera. En agosto de 2018, en una declaración pública dirigida al presidente colombiano Iván Duque y a otros altos representantes del gobierno, la comunidad alegó que Amerisur estaba violando sus derechos colectivos, territoriales y constitucionales, y poniendo en peligro su “integridad física y cultural”.

Los siona hicieron alegaciones similares en una declaración en octubre y anunciaron la muerte de Felinto Piaguaje Yaiguaje, un anciano ampliamente respetado.

“Hemos manifestado nuestra posición en numerosas ocasiones”, reza la declaración de enero pasado, dirigiéndose a Duque y otros. “Amerisur debe abstenerse de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto Putumayo-12 sobre el Resguardo Buenavista formalizado y sobre el área en ampliación. No consentimos, no autorizamos, no permitimos actividades extractivas dentro de nuestro territorio”.

La abogada de Buenavista, Lina María Espinosa Villegas, calificó la decisión de la comunidad como “genuinamente trascendental.” En base a su interpretación sobre fallos de la Corte Constitucional, argumentó que los siona tienen el derecho a vetar la actividad de Amerisur en el resguardo y en la zona en ampliación.
Además, Espinosa afirmó que operar en su territorio sin su consentimiento violaría los derechos de los sionas bajo estándares de derecho internacional y de instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mapa del área de las concesiones petroleras, incluyendo el Putumayo-12 y el resguardo Buenavista. Fotografía: Mapa-Digital Democracy

“Para un pueblo tan pequeño, es una cuestión de dignidad cultural,” dijo Espinosa, que trabaja para la ONG internacional Amazon Frontlines. “Es una decisión de enorme peso y valor.”

Sin embargo, Buenavista no siempre se ha negado. Aunque la consulta terminó en 2014, sin acuerdo entre los siona y Amerisur, según los representantes de la compañía, al año siguiente en marzo, se llegó a un entendimiento en el que la comunidad se comprometía a “facilitar y colaborar” con la compañía y sus subcontratistas en relación a la exploración. Esto fue a cambio de varios tipos de compensación, incluyendo 163 millones de pesos colombianos (£39.000), que nunca fueron aceptados.

Según Erazo y otros, accedieron a este acuerdo -reaciamente- sólo porque un representante de Amerisur les había dado verbalmente la impresión, a través de la interpretación de un documento del Ministerio del Interior, de que ya se les había concedido permiso para operar.

Después, Erazo se reunió con representantes del Ministerio en Bogotá y descubrió que nada de eso era cierto. Muchos sionas sintieron que habían sido engañados, y la comunidad revirtió su decisión.

En abril de 2016, emitieron una declaración pública -enviada a Amerisur- declarando “sagrado” todo territorio siona, oponiéndose a la exploración sísmica y revocando “cualquier decisión[anterior] contraria a ella.”

Las razones para la oposición de Buenavista parecen ser innumerables.

La percepción de la comunidad sobre Amerisur ya es suficientemente negativa, debido a los supuestos efectos de las operaciones en una concesión adyacente, al oeste del resguardo, pero es aún más desfavorable por el potencial impacto que tendría la exploración en sus tierras, bosques y ríos.

Para los siona, éstas son fuentes fundamentales de alimento, agua, refugio e ingresos, y representan una parte integral de su cultura, espiritualidad e identidad. Erazo describió su decisión como un “mandato de nuestros mayores”, y agregó: “Estamos pensando en nuestros hijos, nuestra tierra, nuestra medicina, nuestra espiritualidad. Es por todas estas razones que hemos rechazado la sísmica.”

Igual de importante es el temor de que la exploración agudice aún más el conflicto armado en el Putumayo entre el ejército colombiano, los paramilitares y la “guerrilla”, que ha sumido a los siona en las últimas décadas. Hasta cierto punto, algunos en Buenavista aseveran que esto ya es una realidad a consecuencia de las operaciones en Platanillo, la concesión adyacente.

Un puesto de salud donado por compañías petroleras que anteriormente operaban en el territorio siona. Fotografía: David Hill

Una de las aseveraciones es que, tras el “reacondicionamiento” del pozo Alea-1, a finales de la década de los 2000, la guerrilla de las FARC colocó minas terrestres en el territorio siona en un intento de “repeler al ejército” de su base en dicho pozo, según una declaración de la comunidad.

Amerisur dijo que se “reservaba los comentarios” sobre tales afirmaciones.

Otra aseveración es que más o menos al mismo tiempo, las bombas de mortero disparadas por el ejército desde una base en un asentamiento llamado La Alea, dentro de Platanillo, cayeron en Buenavista. Esto era, según los siona, parte de la estrategia militar para combatir a las FARC, mantenerlas alejadas de las instalaciones petroleras y facilitar el funcionamiento de la empresa. Según Erazo, hubo momentos durante un período de cuatro años en los que el resguardo fue bombardeado “casi constantemente” por la noche.

Podría decirse que nadie en Buenavista ha sufrido más por el conflicto armado que Celio Yaiguaje Payaguaje y su hermano Plácido, que viven al norte del resguardo, en un pequeño pueblo llamado Puerto Silencio. Su madre fue asesinada por una mina terrestre de las FARC en 2012.

Tanto Celio, presidente de Puerto Silencio, como Plácido dicen que se oponen vehementemente a la exploración en el Putumayo-12. “Guerrilleros, paramilitares, ejército… todos entrarían,” dijo Plácido. “Eso no es lo que queremos. Por eso hemos dicho que no a la sísmica.”

En Buenavista, parece ser una asunción generalizada que Amerisur no podría operar sin el ejército. Algunos siona creen que “protegen” a la compañía de las FARC. Dicen que los soldados vigilan las plataformas e instalaciones, o viajan con petroleros u otros medios de transporte.

Recientes declaraciones de la comunidad alegan que la función del ejército en la región es “más una forma de garantizar la explotación petrolera” que cualquier otra cosa, y sostienen que, aunque “el acuerdo de paz [en 2016 entre las FARC y el gobierno] ha significado una disminución en los enfrentamientos entre las FARC y las Fuerzas Armadas, ha habido un aumento en la presencia militar y en las operaciones para proteger la infraestructura petrolera.” Cuando The Guardian y una delegación siona se acercaron a una instalación de Platanillo, dos soldados armados emergieron inmediatamente.

Dijo Erazo: “[La compañía] necesita que el ejército proteja su infraestructura, trabajadores y muleros que transportan el crudo.”

No sólo los siona de Buenavista lo ven así. En un pueblo campesino llamado La Rosa, poco después, el presidente del consejo local, Gregorio Rosales, dijo que creía que la función principal del ejército era defender las operaciones petroleras, en lugar de proteger a los civiles del conflicto armado, o de luchar en la “guerra contra las drogas.” “Eso es lo que hemos estado discutiendo,” dijo Rosales. “Porque antes de 2012[el año en que dice que Amerisur llegó a La Rosa], no había ningún ejército aquí, y el ejército que ahora está aquí…no está para cuidar a los campesinos ni para vigilar la frontera. Está para proteger la infraestructura petrolera.”

Cuando se le preguntó si Amerisur tenía algún contrato o acuerdo con el Ministerio de Defensa para proteger sus operaciones en el Putumayo, éste dijo que desde 2008 se han hecho seis “acuerdos,” todos con el ejército específicamente, con uno firmado cada año entre 2012 y 2017 – el actual que expira este mes.
El objetivo de los acuerdos, dijo el Ministerio, ha sido mantener la seguridad en el “área general y de influencia de las actividades y operaciones de la empresa.”

Un portavoz de Amerisur dijo que “ha estado operando en la región del Putumayo colombiano por más de 10 años, tiempo durante el cual la compañía ha invertido fuertemente, tanto en la región como en apoyar a las comunidades locales para ofrecer beneficios sociales y económicos positivos, al tiempo que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. La seguridad del personal de Amerisur es primordial.”

Muchos siona en Buenavista aseveran que Amerisur también ha llegado a acuerdos con las FARC, y parece ser otra suposición generalizada que, de otro modo, no podría operar.
La compañía lo niega, pero la comunidad hizo la reclamación a través de un informe el año pasado tras una visita al resguardo por parte de varias agencias gubernamentales. Se hizo en referencia a la consulta previa sobre la exploración en el Putumayo-12, que según los siona, está completamente controlado por la guerrilla.

Al oeste de Buenavista en Platanillo, una instalación petrolera de la compañía Amerisur que, según los siona, ha contaminado ríos. Fotografía: Mateo Barriga Salazar

“Las FARC dijeron que ni la empresa[Amerisur] ni la comunidad[Buenavista] podían proceder con el proceso de consulta sin su aprobación,” dice un informe, “por lo que tenían que dialogar y establecer acuerdos entre las partes.” Varios siona hicieron alegaciones similares a The Guardian, pero ninguno quiso ser nombrado por motivos de seguridad.

Las FARC han estado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos desde 1997. Un portavoz de la compañía insistió que: “Es absurdo e indignante alegar que Amerisur ha negociado con las FARC.”

A pesar de la evidente oposición de Buenavista, el informe anual de 2017 de Amerisur sugiere que tiene la intención de continuar con la exploración propuesta. Afirmó que la consulta previa para el Putumayo-12 se ha “cumplido” con los habitantes de Buenavista y otras dos comunidades siona, lo que permitiría “realizar más operaciones sísmicas en el bloque.”

Si bien es cierto que el proceso de consulta previa concluyó tras llegar a acuerdos entre la empresa y otros dos pueblos siona, no se puede decir lo mismo de Buenavista. No sucedió ni a finales de 2014, ni desde abril de 2016, cuando se revocó el acuerdo de marzo de 2015.

Espinosa afirma que según la ley colombiana, cuando no se llega a un acuerdo durante la consulta previa, es el gobierno quien “decide si el proyecto sigue adelante o no.” En este caso, no cree que se haya seguido el protocolo adecuado.

“Se supone que esa decisión debe ser tomada en base a criterios como la objetividad, la razonabilidad y la proporcionalidad, y en caso de producirse impactos negativos en los pueblos indígenas, deben planificarse medidas correctivas,” dijo.

“En este caso, eso no se hizo. Dados los riesgos para una comunidad como la de Buenavista, deberían tener derecho a consentir o vetar.”

Muchos siona de Buenavista alegan que tras la consulta previa y la revocación del acuerdo de marzo de 2015, Amerisur se ha negado a aceptar su decisión y ha seguido intentando llegar a un acuerdo con ellos utilizando diversas estrategias encubiertas.

En su declaración de agosto, la comunidad informó que un representante de la empresa había dicho a otros indígenas que viven en su resguardo que, aunque Amerisur aún no había llegado a un acuerdo con Buenavista, “eso cambiaría pronto.”

Dijo Erazo: “Hemos dicho que no, pero eso no fue suficiente para ellos (la compañía) o para el gobierno.”

Rebeldes de las FARC en formación en la selva del Putumayo, Colombia. Fotografía: Fernando Vergara/AP

Según los siona, las estrategias encubiertas incluyen la aseveración de que el Ministerio del Interior había dado permiso a Amerisur para operar, cosa que no era cierta, tratando de socavar y/o presionar a líderes comunitarios como Erazo, así como de la oferta de incentivos financieros a otras comunidades siona que han llegado a acuerdos con la empresa, a condición de que convencieran a Buenavista de hacer lo mismo.

Un portavoz de Amerisur dijo: “No se han utilizado tácticas encubiertas. El Ministerio del Interior ha acompañado todas las interacciones con estas comunidades y ha certificado que se ha seguido el debido proceso.”

Otra aseveración es la de haber intentado intimidar a la abogada de Buenavista. Según Espinosa, los representantes de la empresa presentaron una denuncia penal acusándola de bloquear el acceso público a una carretera del Putumayo en 2017. Ella lo desmintió todo, ya que ese día había estado visitando instalaciones en Platanillo con altos funcionarios del gobierno y más de 30 sionas.

El año pasado, numerosas organizaciones colombianas e internacionales escribieron al Fiscal General de la Nación calificando de “infundada” la acusación contra Espinosa y solicitando el cierre de la investigación.

Pero Amerisur se mantiene firme en su acusación. “La abogada de la comunidad estaba presente en un bloqueo ilegal de carreteras que afectaba la integridad del personal y de las operaciones de la empresa,” dijo un portavoz. “Amerisur reportó la presencia de estas personas a la policía local, así como lo exige la ley.”

También se alega que Amerisur coordinó una reunión en marzo de 2017 entre el embajador del Reino Unido en Colombia, Peter Tibber, y supuestos representantes de Buenavista, incluyendo un anciano en particular, que habló a favor de la compañía. Sin embargo, según los líderes de la comunidad, el anciano no ha vivido en el resguardo desde hace varios años y supuestamente se le habrían ofrecido incentivos financieros por sus observaciones.

Al día siguiente, Erazo y otros hablaron con Tibber, se dice, reiterando su oposición a las operaciones petroleras en su territorio.

“Sí, las personas[que se reunieron con el embajador Tibber] son siona,” dijo un comunicado público, “pero no son autoridades legítimas del resguardo de Buenavista, no pueden hablar en nuestro nombre, ni tienen capacidad de representación.”

Erazo dijo que Tibber se había “sorprendido” al escuchar que los siona que había conocido el día anterior no eran representante de Buenavista. “Le dije que ya no quería que la empresa me llamara más,” dijo Erazo, “y después de eso, dejaron de hacerlo.”

Amerisur niega haber usado tácticas turbias con respecto a la visita del embajador. “[Buenavista] fue invitada a asistir a la reunión, y a los que se presentaron se les dio pleno acceso al embajador durante su visita,” dijo un vocero.

La situación en la región se ha vuelto más tensa en los últimos 10 meses. En agosto, los siona informaron que los preparativos para la exploración propuesta en el Putumayo-12 ya habían comenzado, tanto en el resguardo como en el área en ampliación, con tripulaciones de Amerisur y con un subcontratista que aparentemente limpiaba el bosque.

En junio descubrieron una nueva carretera que parte desde una instalación de la compañía, supuestamente creada para cruzar el área de ampliación. Según el comunicado de Buenavista de agosto, “todo esto se hizo con las Fuerzas Armadas.”

Sin embargo, como parte del proceso legal para la ampliación del resguardo, Mario Coral Mejía, juez de un tribunal del Putumayo, ha ordenado a Amerisur, a menos que cuente con el “consentimiento informado” de Buenavista, que “se abstenga inmediatamente” de cualquier operación relacionada con las pruebas sísmicas en el Putumayo-12 en el resguardo y en el área en ampliación hasta completar el proceso legal.

El juez también ordenó a numerosas agencias gubernamentales, incluyendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que “suspendan o se abstengan” de otorgar licencias o permisos relacionados con operaciones petroleras u otras actividades de extracción de recursos naturales en las mismas áreas.

Coral emitió el fallo en agosto. Amerisur dijo que había suspendido sus operaciones, pero que debería poder continuar porque, según afirma, la empresa cuenta con el consentimiento de Buenavista.

“Amerisur recibió el consentimiento informado de Buenavista a través del proceso de consulta previa en coordinación con el Ministerio del Interior colombiano, que fue reafirmado a través de una ‘minuta de acuerdo’ firmada por Buenavista en marzo de 2015, dando lugar a que la empresa continuara con su limitado programa de trabajo acordado y aprobado”, dijo un portavoz.

“Amerisur ha emitido un escrito a la corte civil en el que se describe la situación. Está a la espera de que se confirme la obtención del consentimiento informado. Mientras tanto, Amerisur confirma haber cesado sus operaciones.”

Amerisur reiteró la aseveración de tener el consentimiento de Buenavista en una carta a la comunidad, a Duque y a otros, en octubre.

La carta también refutaba las acusaciones de haber exacerbado el conflicto armado y de tener vínculos con “terroristas” y otros grupos ilegales, y afirmaba haber suspendido las operaciones tras el fallo de Coral.

Erazo dijo que Amerisur había dejado de operar, pero que no creía que la empresa tuviera el consentimiento de Buenavista. “Es una estafa,” añadió.

La embajada del Reino Unido en Colombia no pudo ser contactada para comentar.

Share the movement!